Retos y oportunidades en torno a los fondos europeos NextGenerationEU

La Unión Europea ha lanzado un plan extraordinario para ayudar a los países miembro a paliar los efectos de la crisis derivada de la Covid-19, los fondos NextGenerationEU. Tech Data desgrana estas ayudas en un webinar para guiar a las compañías del canal en los retos y oportunidades que suponen estos fondos y en la solicitud de las subvenciones disponibles 

En línea con el marco financiero plurianual propuesto por la UE hasta 2027, la Unión persigue tres objetivos clave a conseguir en la próxima década: alcanzar la neutralidad climática, establecer un mercado digital más sólido y renovar el tejido industrial y el modelo productivo de los países miembro. El plan asociado a los fondos NextGenerationEU se compone de tres pilares, y una parte importante del programa, que totaliza una inversión de 1,8 billones de euros, será ejecutado a través del Banco Europeo de Inversiones.

Fuente: Documentos Tech Data.
Fuente: Documentos Tech Data.

El 80% de la inversión total va destinada al apoyo a los estados miembros en sus nuevos proyectos y reformas, de los que a España le corresponden 140.000 millones de euros. En base a esta cantidad, el Gobierno ha diseñado el Plan de Recuperación y Resiliencia de España (o Plan España Puede) valiéndose de dos mecanismos para llevarlo a cabo: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que cuenta con 672.500 millones de euros; y el programa REACT EU, que contará con 12.000 millones de euros hasta 2022. Esto significa que España va a disponer hasta el año 2023 de fondos por un importe similar al 11% del PIB nacional, y al menos 72.000 millones de euros en transferencias presupuestarias, dirigidas directamente a los Presupuestos Generales del Estado.

España también puede optar a los 67.000 millones en préstamos de la UE, lo cuáles tendría que devolver en un periodo que se extiende hasta 2058. Sin embargo, por ahora el Gobierno no considera necesario solicitar estos préstamos, -que supondrían una inyección de 73.000 millones de euros hasta 2023-, y que se pueden solicitar hasta la mitad del año 2022.

Un plan para España

NextGenerationEU constituye para España la oportunidad única de acelerar la recuperación y de sentar las bases de un modelo productivo y económico anclado en la sostenibilidad y en la digitalización. El plan que presentó Pedro Sánchez el 7 de octubre de 2020 agregó dos factores muy importantes al programa europeo: la cohesión territorial y la igualdad de género.

Fuente: Documentos Tech Data.
Fuente: Documentos Tech Data.

El Gobierno español ha establecido diez políticas palanca y 30 líneas de acción para la ejecución de estos fondos. Para acelerar la accesibilidad a los fondos, el Ejecutivo planea adelantar 27.000 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado. Esto significa que, una vez aprobados los Presupuestos en diciembre de 2022, estos fondos ya estarían disponibles para su ejecución. De hecho, ya han sido asignados, no a proyectos concretos, pero sí a determinadas líneas de acción y, por tanto, a sus correspondientes ministerios.

Transición ecológica y reto demográfico se lleva la mayor parte de la cuantía para promover el ahorro energético y la diversificación. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana también es de los que se ha visto más beneficiado con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible y la disminución de la huella de carbono. Y, en tercer lugar, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha recibido una importante partida para el desarrollo tecnológico en los distintos sectores gracias al despliegue de redes 5G, digitalización de la cadena de valor, ciberseguridad, Internet de las Cosas y otras tecnologías de vanguardia.

España va a disponer hasta el año 2023 de fondos por un importe similar al 11% del PIB nacional, y al menos 72.000 millones de euros en transferencias presupuestarias

Para llevar a cabo este Plan, el Gobierno ha formado la llamada Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia formada por 29 miembros con el presidente del Gobierno a la cabeza, y que se dedicarán a hacer un seguimiento adecuado de los fondos y a facilitar el diálogo intersectorial y entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Las CCAA ejecutarán un 50% de los fondos de una forma coordinada con los ministerios. Cada seis meses España reportará a Bruselas su progreso.

En palabras de la experta Paloma Baena, miembro del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca, “el sector privado español tiene capacidad plena para canalizar y ejecutar los fondos. La contraparte es generar la infraestructura administrativa necesaria para ejecutarlos en tiempo y forma. Hay una vocación de proyectos tractores a nivel sectorial que requiere un ejercicio de reflexión y de búsqueda de alianzas, y las empresas van a ser las principales protagonistas en este sentido”

Oportunidades

El nuevo planteamiento europeo gira en gran medida en torno a la iniciativa privada. Las empresas pueden presentar las llamadas “expresiones de interés” en los ministerios pertinentes para que cada uno identifique en qué sentido están avanzando las compañías y en qué están invirtiendo en pos de saber con qué organizaciones pueden abrir líneas de diálogo para cada proyecto. El carácter transversal del programa hace que cada proyecto puede encajar en varios ministerios.

Dentro de las líneas de acción del Plan España Puede, una de las más importantes es la de Impulso a la Pyme

Dentro de las líneas de acción del Plan España Puede, una de las más importantes, -por ser la pequeña y mediana empresa la base del tejido empresarial español-, es la de Impulso a la Pyme, basado en la modernización y digitalización del modelo productivo de estas compañías. A pesar de que aún no se ha especificado de qué manera se va a materializar, un mecanismo de cambio importante lo conforman las asociaciones sectoriales, que engloban a todo tipo de empresas con objetivos comunes, y mediante las que se puede dar forma a los Proyectos Estratégicos para la Transformación y la Recuperación de la Economía (ETRE).

La Administración Pública va a ser clave en la universalización y refuerzo de la iniciativa privada, no solo en lo referente a la participación en concursos públicos y la solicitud de subvenciones, -por ejemplo, dando prioridad en la adjudicación de un proyecto a la empresa de la que ha partido la idea-, sino también en la modificación de los contratos y su flexibilización y en la adaptabilidad de las leyes de indexación a la hora de fijar los plazos y las tasas de retorno de la inversión de los proyectos.

Acceda al webinar de Tech Data sobre los Retos y Oportunidades de los Fondos Europeos. 

Retos 

Existen tres cuestiones básicas para ejecutar los fondos que suscitan diversos retos legales que el Gobierno debe afrontar. Una es el corto periodo de ejecución planeado para el programa, ya que este será aprobado en el periodo de 2021 a 2024 y la fecha límite para la consecución de los proyectos que engloba sería en 2027. Otra cuestión se refiere a las directrices dadas por la UE, las cuales demandan flexibilidad y rapidez en las actuaciones. Y, por último, la apuesta definitiva de la UE por la colaboración público-privada para la canalización de gran parte de los proyectos. Estos tres factores van a exigir ciertas modificaciones y desarrollos normativos ad hoc en el ordenamiento jurídico español en la medida en que determinadas normas no contienen las herramientas legales idóneas para hacer efectiva la implementación de los fondos en los plazos estipulados y con las condiciones impuestas.

La UE apuesta por la colaboración público-privada para la canalización de gran parte de los proyectos

Para conseguir adecuar la normativa a los proyectos innovadores que propone la UE van a ser necesarios ajustes en las leyes sectoriales, ya que muchos de estos proyectos también van a ser transversales y multidisciplinares. Dotar a la Administración Pública de flexibilidad y eficacia mediante la reducción de plazos y trámites y la eliminación de controles e informes innecesarios es fundamental para el cumplimiento de los plazos y para la transformación del aparato público en un organismo ágil. Para la canalización de estos objetivos, la Administración precisa de la contratación de personal cualificado, la obtención de medios técnicos y una mayor cooperación y coordinación entre instituciones públicas y privadas. 

El Gobierno ha presentado un borrador del decreto ley encaminado a reformar la normativa relacionada con cuatro grandes bloques: contratación pública, subvenciones, evolución del impacto ambiental y las medidas encaminadas a desarrollar y potenciar la colaboración público-privada. Por ejemplo, para reducir los trámites administrativos se plantea sustituir la fiscalización previa y la comprobación del crédito por el control financiero permanente. Jorge Botella, Consejero de Cuatrecasas, ha citado otras medidas recogidas en el documento legal como la reducción generalizada de plazos, una tramitación preferente de todos los procedimientos administrativos, tanto de contratación como de subvenciones, relativos a los fondos europeos sin necesidad de declararlos de urgencia; generalizar los pagos a cuenta en lugar del pago posterior a la ejecución de un proyecto y potenciar la iniciativa privada en el ámbito de la contratación pública y de las subvenciones, sobre todo para los consorcios entre la Administración y el sector privado.

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